Régimen político, fiscalidad y gestión de empresas de economía solidaria

En la situación actual en que las empresas convierten a los trabajadores en números, la economía social y solidaria se presenta como iniciativa para promover colaboraciones entre entidades de carácter solidario, que permita el crecimiento de dicha red, desarrollar un mercado social con criterios de sostenibilidad integral (económica, social y ambiental).

Las disparadas cifras de paro, la precariedad generalizada, la espiral de desahucios, la esclavitud por deudas a la que se condena a gran parte de la población, la privatización de los servicios públicos, la enorme concentración de la riqueza o la subordinación de las economías públicas a los intereses bancarios apuntan en la dirección contraria: desigualdad y subordinación económica de la mayoría de las personas (el 99%) a unos pocos (el 1%).

La actual democracia, así como las garantías constitucionales en las que se sustenta, han sido por completo ineficaces a la hora evitar esta situación. Ninguno de los mecanismos recogidos en la Constitución de 1978 —derechos sociales, derechos laborales, iniciativa pública en el ámbito económico o la subordinación de la riqueza al interés social, entre otros— han sido capaces de proteger a la sociedad de los intereses económicos y financieros. Las políticas neoliberales han acabado por imponerse por encima de cualquier otro criterio, incluido el bien común. Ahora, en plena crisis, esta situación de expolio se hace más patente.

Hay que promover la participación de las personas en la toma de decisiones en el ámbito empresarial, especialmente cuando pueda considerarse crucial para el interés común. Asimismo, su actividad económica tenderá a estar subordinada a criterios de rentabilidad integral, es decir, social, medioambiental y económica.

Conferencia impartida por Iñigo Bandres, licenciado en Economía y especializado en gestión de entidades no lucrativas.